Una encuesta inédita divulgada este martes (15) por Folha de S.Paulo muestra que el 64% de los brasileños apoya que una niña menor de 14 años, embarazada por una violación, pueda elegir interrumpir el embarazo de forma legal y segura en un hospital público. Solo el 16% se declara en contra.
El estudio fue realizado por el instituto Ipsos-Ipec por encargo del Instituto Patrícia Galvão, junto con la campaña Criança Não é Mãe ("una niña no es madre"). Se consultó a 1.200 personas en todo el país, en marzo de este año, exclusivamente por internet. Hasta la publicación de este informe, Folha era el único medio con los resultados, y el material difundido no informa margen de error. Al aplicarse solo en línea, la muestra no alcanza a la parte de la población sin acceso a internet.
Lo que permite la ley
En Brasil, el aborto es legal en tres situaciones: cuando el embarazo resulta de una violación, cuando hay riesgo para la vida de la gestante y en caso de anencefalia fetal, autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2012. La excepción por violación está en el Código Penal desde 1940. El procedimiento es gratuito en el SUS, el sistema público de salud, y, según jurisprudencia consolidada del STF, no requiere autorización judicial.
La encuesta se realizó en un país donde la violencia sexual golpea sobre todo a niños. De los 87.545 casos de violación registrados en 2024, el 60% de las víctimas tenía menos de 14 años, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública reportados por Folha; sumando a las adolescentes de 14 a 17 años, el 69,7% de las víctimas era menor de 18. El anuario 2025 del Foro, base de esas cifras, registra un aumento del 6,7% frente a 2023, una víctima cada 6 minutos y el 76,8% de los casos clasificados como violación de persona vulnerable, el delito que cubre a víctimas menores de 14 años o incapaces de consentir. La cobertura independiente de Poder360 confirma que el 65,7% de los episodios ocurrió dentro de la casa. Para Samira Bueno, directora ejecutiva del Foro, los datos representan "una epidemia silenciosa que se repite a diario, especialmente contra los niños, muchas veces dentro de la propia casa".
Salud pública, no tema religioso
Para la mitad de los encuestados, el aborto debe debatirse en organismos de salud; el 19% menciona al Legislativo y a la Justicia, y solo el 3% cita a instituciones religiosas. La mayoría defiende que las víctimas reciban atención psicológica inmediata (89%) e información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado (72%). Folha informa, además, de que la mayoría rechaza obligar a la niña a llevar el embarazo a término para entregar al bebé en adopción. El acceso a la información sigue siendo desigual: un estudio de la ONG Plan International, citado por el periódico, indica que solo la mitad de las niñas que quedaron embarazadas antes de los 14 años tras una violación recibió información sobre el derecho al aborto legal.
Quien necesite atención puede acudir a cualquier servicio de urgencia del SUS o a una unidad básica de salud: la atención es gratuita y confidencial, y no depende de autorización judicial. Las denuncias de violencia sexual contra niños y adolescentes pueden hacerse por el Disque 100, y la línea 180 atiende a mujeres en situación de violencia.