La Policía Federal de Brasil sospecha que el ministro Dias Toffoli, del STF (Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país), pudo figurar como beneficiario final o propietario de hecho del fondo de inversión Arleen, que recibió al menos 35 millones de reales del banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, y cuyos activos fueron enviados a una holding registrada en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal del Caribe. La revelación la publicó la revista piauí el jueves (10), en reportaje de Breno Pires basado en un informe policial confidencial enviado a la corte, y fue detallada por Folha de S.Paulo y Correio Braziliense.
Cómo el dinero habría llegado al Caribe
El documento, identificado como Informaciones de Policía Judicial de Análisis nº 893171/2026, tiene casi 200 páginas, fue firmado por cuatro delegados y se elaboró a partir del contenido del teléfono de Vorcaro incautado a fines de 2025, según el Correio Braziliense. Llegó al STF hace unos siete meses, entregado al presidente de la corte, ministro Edson Fachin, y sometido al análisis de los demás ministros.
"Se identificaron diversos elementos de información que, analizados de forma conjunta, apuntan a que el ministro José Antonio Dias Toffoli pudo figurar como beneficiario final o propietario de hecho del FIP Arleen, así como de sus activos."
Según las reportajes, el Arleen compró parte de las cuotas de Maridt, empresa de los hermanos del ministro vinculada al complejo turístico Tayayá, en Ribeirão Claro, y de la que el propio Toffoli reconoce formar parte del cuadro societario. El fondo pasó al empresario Alberto Leite, dueño de FS Security y amigo del ministro; la Folha fecha la compra en febrero de 2025. Un mes después, el reglamento se modificó para permitir inversiones en el exterior y, en diciembre, los activos fueron a la holding Égide I, en las Islas Vírgenes Británicas. Mensajes del teléfono de Vorcaro citados por el Correio Braziliense muestran preocupación por demoras en los aportes: el banquero movilizó a su cuñado Fabiano Zettel y al exministro de Comunicaciones Fábio Faria para desbloquear los recursos y, tras hablar con Toffoli, dijo que la demora lo dejó "en situación difícil". En mensajes de fines de 2025 ordenó formalizar la transferencia del fondo a Leite y pidió un borrador de contrato "sin nombre".
Qué es hecho y qué es hipótesis
Los movimientos financieros constan en el informe: el aporte de al menos 35 millones de reales de Vorcaro, el cambio de reglamento y el envío de los activos al Caribe a lo largo de 2025. El vínculo entre el fondo y Toffoli, en cambio, se presenta como hipótesis. El propio documento registra al menos 12 encuentros presenciales entre el ministro y el banquero entre fines de 2023 e inicios de 2025, además de 167 llamadas por aplicación entre los dos aparatos, y admite que el caso exige profundización analítica, sin conclusiones definitivas. En una reunión secreta, los ministros concluyeron que el informe no llevaba a nada y lo archivaron; la oficina de Toffoli afirma que esa decisión está firme y no admite recursos.
Consultada por la revista piauí, la oficina del ministro negó irregularidades. En nota, dijo que Toffoli "jamás mantuvo ni tuvo, directa o indirectamente, recursos en el exterior", que "jamás realizó ninguna operación, directa o indirectamente, en las Islas Vírgenes Británicas" y que nunca tuvo amistad con Vorcaro. El mismo informe también respalda la sospecha, ya informada, de que el banquero intentó influir en un voto de Toffoli en un caso sobre precatórios, los pagos de deudas judiciales del Estado brasileño que están en el centro de la investigación del Banco Master.
Para quien sigue el caso, dos puntos prácticos. El informe que sustenta la sospecha sobre el Arleen integra el material confidencial del caso Master: esta semana el STF levantó el sigilo de solo parte de los autos y, según la piauí, de los dos informes sobre relaciones de ministros con Vorcaro solo uno fue hecho público. Y, archivado el caso, esa línea solo puede retomarse si surgen elementos nuevos, decisión que corresponde a la propia corte. Una sospecha policial no equivale a una condena.