Cerca de R$ 250.000 millones: ese es el volumen de recortes que estudia el equipo económico del candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) para contener las cuentas públicas, según informó Folha de S.Paulo. La cifra equivale a cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, lo que representa más de 160 millones de salarios mínimos mensuales. Para los jubilados, la medida implicaría que las pensiones dejarían de recibir aumentos por encima de la inflación cuando se reajuste el salario básico de los trabajadores activos.

El centro de la propuesta apunta a los gastos obligatorios del presupuesto federal, que son pagos fijados por la Constitución. Bajo el esquema presentado a empresarios y analistas financieros, los aumentos reales se limitarían a los trabajadores activos, mientras que las pensiones y subsidios de asistencia social solo se actualizarían por la inflación oficial. Cerca del 70% de los más de 41 millones de beneficiarios del seguro social público (INSS) cobran actualmente un salario mínimo al mes, con el que cubren su alimentación y medicamentos.

Entienda: La desvinculación presupuestaria elimina la obligación legal que tiene el gobierno de destinar porcentajes fijos de su recaudación fiscal a áreas determinadas. En la actualidad, la Constitución brasileña exige invertir al menos el 15% de los ingresos corrientes en salud pública y el 18% de los impuestos en educación. Al suprimir esos pisos obligatorios, las partidas para hospitales y escuelas se ajustarían únicamente por el índice de inflación del año previo.

Los asesores de la campaña sostienen que frenar el gasto obligatorio es indispensable para contener la deuda pública y facilitar una baja en las tasas de interés bancarias. Consultada por Folha de S.Paulo, la oficina de Flávio Bolsonaro afirmó que conversaciones informales no deben considerarse propuestas definitivas de gobierno. El manejo del presupuesto federal y los programas sociales se perfilan como temas decisivos en la disputa de la segunda vuelta electoral.