1.283 gasolineras de todo Brasil tuvieron suspendido su registro empresarial por la Receita Federal, la agencia tributaria del país, este viernes (28), en la Operación Bomba Oculta. En Brasil, ese registro, llamado CNPJ, funciona como el número de identificación fiscal de una empresa: sin él, el negocio no puede tener cuenta bancaria, usar fintechs ni emitir facturas electrónicas. Para el conductor, la medida saca de circulación surtidores que, según los investigadores, servían de puerta de entrada para el dinero del crimen organizado.

El secretario especial de la Receita, Robinson Barreirinhas, afirmó que la intención es "asfixiar" financieramente a las organizaciones criminales, según G1. La operación ocurre exactamente un año después de la Operación Carbono Oculto, que reveló la infiltración de facciones en toda la cadena de combustibles, desde la importación hasta la gasolinera minorista.

"Cuando se suspende o se declara inapto el CNPJ de 1.283 empresas claramente irregulares, muchas de ellas involucradas directamente con organizaciones criminales, se asfixia financieramente a esas organizaciones, se asfixia el punto de entrada de su lavado de dinero", dijo Barreirinhas.

En la práctica, un CNPJ declarado inapto es como una persona que pierde su cédula de identidad, su cuenta bancaria y su aplicación de pagos el mismo día. La empresa desaparece del sistema financiero formal y ya no puede mover dinero con apariencia legal. "Sin CNPJ no puedes emitir los documentos, no puedes tener cuenta bancaria, cuenta en fintech, nada de eso", explicó el secretario.

Cómo una gasolinera se convierte en lavandería de dinero

El lavado de dinero es el proceso de dar apariencia legal a recursos provenientes del crimen. Según la Receita, el esquema descubierto por la Carbono Oculto funcionaba en tres pasos: la gasolinera recibía el dinero, incluso en efectivo; los valores pasaban por cuentas concentradoras de fintechs, las empresas de pagos digitales; y, al final, eran dirigidos a fondos de inversión.

Desde 2019, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), que regula el sector, revocó la autorización de más de 10.000 gasolineras, informó la Receita. Aun sin el aval de la agencia, muchas siguieron vendiendo combustible porque su CNPJ seguía activo. Esa es la brecha que la Bomba Oculta cierra ahora, en un sector que reúne a más de 130 mil empresas en el país.

En São Paulo, seis gasolineras clandestinas fueron clausuradas este viernes por una fuerza de tarea con unos 60 agentes. Una de ellas, en la Marginal Tietê, fue abandonada a toda prisa por los empleados durante la acción, según investigadores escuchados por G1. En el estado, 910 gasolineras ya tienen sus registros estaduales suspendidos: 682 antes y otras 228 incluidas este viernes.

Según los investigadores, la mayoría de los establecimientos está registrada a nombre de testaferros, las llamadas "personas interpuestas", que prestan su nombre para ocultar a los dueños reales. La gasolinera de la Marginal Tietê figura a nombre de Amine Mourad, hermana de Mohamad Mourad, conocido como "Primo" y objetivo de la Carbono Oculto.

La operación reúne a la Receita, la secretaría de Hacienda de São Paulo, la ANP, la Procuraduría General del Estado de São Paulo, la Procuraduría General de la Hacienda Nacional y la Policía Civil. Una nueva norma de la Receita, publicada esta semana, agilizó la suspensión cautelar de los registros. Según Barreirinhas, los cierres físicos comienzan por la capital paulista y se extenderán al resto del país.

Para el secretario, el efecto va más allá del papel: sin canal para mover recursos, los lavadores se verán obligados a buscar nuevas rutas y a exponerse. "Van a tener que aparecer en algún otro lugar para lavar ese dinero. Y estamos atentos a eso", afirmó.