Las transferencias federales a las comunidades terapêuticas, instituciones privadas que tratan la dependencia del alcohol y otras drogas con base en la abstinencia y largas internaciones, pasaron de R$ 6,2 millones en el primer semestre de 2024 a R$ 33,3 millones en el mismo período de 2026, un aumento del 437%. El levantamiento es de Desinstitute, una organización dedicada a los derechos humanos y la salud mental, y fue divulgado por Folha de S.Paulo. Según el informe, el crecimiento ocurre sin indicadores públicos que muestren si el modelo funciona.
El estudio utilizó datos abiertos del Portal de Transparencia del gobierno federal, extraídos el 1 de julio de 2026, y abarcó 165 instituciones con 4.555 plazas financiadas con dinero público. Entre los indicadores que no son públicos figuran la tasa de ocupación, las reinternaciones, las derivaciones a la red de salud y las muertes ocurridas dentro de las unidades. Vale la aclaración: la laguna impide tanto confirmar como descartar la eficacia del modelo, porque simplemente no existe una evaluación oficial de resultados. Para los autores del informe, el problema es precisamente pagar sin medir.
"El gobierno ha estado remunerando, en la práctica, la disponibilidad de plazas, y no resultados asistenciales comprobados", dijo a Folha el psicólogo Lúcio Costa, director ejecutivo de Desinstitute. En su evaluación, la ausencia de criterios de eficacia debería impedir la expansión de las plazas y la propia continuidad de las transferencias.
Lo que los números no capturan aparece en relatos individuales. Eduardo Real, 39, pasó por 14 internaciones en comunidades terapéuticas a lo largo de 15 años, en un ciclo entre el uso de crack y la situación de calle. Contó a Folha que sufrió golpizas, trabajo forzado, homofobia y racismo religioso contra su fe en el candomblé. Desde 2020 es atendido en un Caps, los centros comunitarios de atención psicosocial que sostienen la red pública de salud mental de Brasil, bajo la lógica de reducción de daños, y lleva siete años sin consumir drogas ni ser internado. Hoy es estudiante de maestría en salud pública en la Universidad de São Paulo y ayudó a fundar, en 2022, el Movimiento Nacional de Víctimas de Comunidades Terapéuticas. Son testimonios personales, sin muestreo representativo, pero convergen con hallazgos de inspecciones anteriores.
En un levantamiento publicado en junio de 2025, la propia Desinstitute analizó 251 noticias divulgadas a lo largo de 2023 y catalogó denuncias que van desde prisión ilegal y falsificación de recetas médicas hasta trabajo análogo a la esclavitud, medicación sin consentimiento e internaciones compulsivas sin informe médico ni orden judicial. Inspecciones del MNPCT, el órgano federal brasileño de prevención y combate a la tortura, ya han encontrado habitaciones con cerraduras externas y trozos de madera bloqueando puertas en una comunidad terapéutica de Guarulhos, en el estado de São Paulo, como muestran imágenes reproducidas por Folha.
Dónde buscar ayuda
Para quien busca tratamiento, la red pública ofrece los Caps y los Caps AD, orientados al alcohol y otras drogas, con atención ambulatoria y gratuita a través del SUS, el sistema público de salud de Brasil. La dirección de la unidad más cercana puede consultarse en la secretaría municipal de salud. Las denuncias de malos tratos, prisión ilegal o trabajo forzado en comunidades terapéuticas pueden registrarse a través del Disque 100, el servicio federal de protección de derechos humanos, o directamente ante el Ministerio Público estatal.